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En los años 80 empiezan a registrarse los primeros choques entre grupos armados en Tadó. La baja presencia del Estado y la desigualdad territorial facilitaron la llegada de actores ilegales que comenzaron a disputar el control de caminos y recursos. Las comunidades afro e indígenas empezaron a vivir con miedo, afectando la vida cotidiana y la seguridad del territorio. -
Durante los años 90, la violencia aumentó debido a la presencia y expansión de grupos armados ilegales. Se generaron desplazamientos forzados, pérdida de tierras y ruptura del tejido social. Muchas familias quedaron confinadas o tuvieron que huir por amenazas y control de rutas. -
Aunque a nivel nacional hubo intentos de paz, en Tadó la violencia no disminuyó. La militarización del territorio creció y con ello los enfrentamientos, el miedo y el despojo violento. Las comunidades sufrieron afectaciones psicológicas, especialmente los niños y jóvenes. -
A pesar de las operaciones militares en el Chocó, algunos grupos armados respondieron con mayor control territorial, presiones y abusos. Se intensificó la explotación de recursos naturales, la pobreza extrema y las tensiones sociales. Las comunidades quedaron atrapadas entre actores armados y el abandono institucional. -
Aunque los diálogos de paz generaron una disminución relativa de la violencia, en Tadó persistieron impactos sociales graves: abandono escolar, consumo de SPA, riesgo de explotación sexual y pocas oportunidades educativas. Este periodo mostró que las heridas del conflicto seguían afectando especialmente a niños y adolescentes. -
La pandemia profundizó la crisis en Tadó: el cierre de escuelas aumentó el abandono escolar, la pobreza se agravó y los jóvenes quedaron más expuestos a riesgos como consumo de SPA o reclutamiento ilegal. La disminución de presencia institucional permitió un mayor control de grupos armados sobre rutas y comunidades, perjudicando la movilidad y agravando el impacto emocional en las familias. -
En los últimos años, Tadó ha continuado enfrentando disputas entre grupos armados por el control de economías ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico. Este reacomodo ha generado extorsiones, reclutamiento de jóvenes y amenazas a líderes sociales, además de nuevos desplazamientos. La presencia estatal limitada mantiene la vulnerabilidad de las comunidades y dificulta avanzar hacia escenarios de paz.