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Marca el reconocimiento normativo del DAI como una política pública. Crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) como organismo garante a nivel federal.
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El DAI se reconoce como un derecho fundamental de rango constitucional. Se establecen principios como la máxima publicidad, la gratuidad y la obligatoriedad de los sujetos públicos para garantizarlo.
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Entra en vigor la Reforma en materia de derechos humanos, que obliga a todas las autoridades a proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el DAI. Se fortalece el marco para impugnar violaciones ante instancias judiciales y administrativas.
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Se reforma la Constitución para convertir al IFAI en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El INAI adquiere autonomía constitucional, amplía sus facultades y su ámbito de actuación a todos los niveles de gobierno y sujetos obligados.
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Se publica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Se crea el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para coordinar a los distintos organismos garantes y homologar las políticas de transparencia en los tres niveles de gobierno.