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Sancionada durante la presidencia de Julio A. Roca, en pleno auge del liberalismo y la organización del Estado argentino, la Ley 1420 estableció la educación primaria obligatoria, gratuita y laica. En un país en expansión y con alta inmigración, buscó integrar socialmente a la población y formar ciudadanos republicanos, fortaleciendo el carácter estatal y nacional del sistema educativo.
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Durante el gobierno de Domingo F. Sarmiento, en un contexto de consolidación del Estado nacional y modernización bajo un modelo agroexportador liberal, la Ley 463 organizó la enseñanza primaria en Buenos Aires. Estableció la inspección escolar, la formación de maestras y sentó las bases de una educación pública moderna destinada a “civilizar” al pueblo. Fue un antecedente directo de la Ley 1420.
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Bajo el gobierno de Manuel Quintana, en una Argentina oligárquica y agroexportadora, la Ley Láinez (N.º 4874) permitió al Estado nacional crear escuelas en provincias con dificultades económicas. Buscó reducir desigualdades regionales y expandir la educación a zonas rurales, reforzando el papel del Estado en la formación de la identidad nacional.
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Durante el primer gobierno de Carlos Menem, en el marco del neoliberalismo y la reforma del Estado, esta ley transfirió los servicios educativos nacionales a las provincias. Su objetivo fue reducir el gasto público y descentralizar la gestión, aunque provocó desigualdades entre jurisdicciones y pérdida de coherencia nacional del sistema.
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Complementando la anterior, esta ley ratificó la transferencia de universidades a las provincias, reforzando la descentralización educativa. Promovió la autonomía universitaria, pero en un contexto neoliberal que redujo la inversión estatal y amplió las diferencias presupuestarias.
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Conocida como Ley Federal de Educación, reorganizó el sistema educativo argentino en niveles (EGB y Polimodal) y dio mayor protagonismo a las provincias. En un contexto neoliberal de apertura económica, buscó modernizar la educación, aunque derivó en fragmentación y pérdida de calidad educativa.
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También durante el menemismo, esta ley incorporó la lucha contra la discriminación en el ámbito educativo y social. Reflejó la influencia de los derechos humanos tras la reforma constitucional de 1994, promoviendo la igualdad y la convivencia democrática.
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La Ley Nacional de Educación, sancionada también durante el kirchnerismo, derogó la Ley Federal de 1993 y devolvió al Estado nacional la conducción del sistema educativo. Extendió la obligatoriedad hasta el nivel secundario y reafirmó la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad como derecho social y herramienta de justicia.
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En el gobierno de Néstor Kirchner, tras la crisis del 2001 y en una etapa de reconstrucción estatal, se estableció el aumento progresivo de la inversión educativa hasta el 6% del PBI. Buscó recuperar la calidad educativa, mejorar la formación docente y fortalecer la educación pública.
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La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reemplazó el viejo paradigma tutelar por uno basado en derechos humanos. Garantizó el acceso a la educación, la salud y la participación infantil, consolidando una mirada inclusiva y democrática.
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La Ley de Educación Sexual Integral, en el mismo período, estableció la enseñanza obligatoria de la ESI en todos los niveles educativos. Promovió el respeto, la igualdad de género y la prevención de violencias y embarazos no deseados, ampliando el enfoque de derechos.