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Tenemos el esfuerzo en el gasto público en términos del aumento de gasto en pobreza, pero contrastante en la transparencia de estos recursos con el programa nacional solidaridad
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En 1995 México participó por primera vez en una evaluación estandarizada internacional de desempeño lingüístico y matemático de los estudiantes en educación básica, en donde el sistema educativo nacional quedó entre losúltimoslugares, escondiendo el resultado.
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Un portavoz en la historia de la evolución, para la evaluación en México fue sin duda alguna la ambiciosa evaluación del impacto del programa de educación salud y alimentación progresa
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La basa de estándares nacionales se ha levantado anualmente a partir de 1997, pero solo se hizo pública en 2003, con la creación del instituto nacional de evaluación educativa
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La ampliación importante de progresa oportunidades a un poco más de 2.5 millones de beneficiarios, reduciendo la tasa de pobreza alimentaria 1 9.3% cuando con la primera fuesolode1.4%
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Se incorporó una reforma a la ley de ingresos y al decreto de presupuestos de egresos de la federación que obliga al poder ejecutivo federal a través de la SHCP a presentar un estudio sobre la distribución de impuestos y beneficios del gasto público, al congresodelaunión
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La tercera fase de la consolidación de la evaluación de las políticas públicas en México, se consolida con la creación de 2 importantes instituciones cómo es el INEE en 2002 y laCONEVALen2005
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En 2006 la SEP adopta una posición de mayor apertura y transparencia, se implementa una evaluación, censura la evaluación nacional del logro académico de centros escolares y así poder detectar las escuelasconrezago
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Finalmente tenemos la creación de un marco normativo institucional para vincular el anterior sistema de evaluación y monitoreo con el proceso presupuestario, bajo el concepto de presupuesto basado en resultados, su comprobante principal un sistema de evaluación de desempeño, Incluyendo la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, aprobada en la reforma constitucional en materia de gasto público y fiscalización