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El conflicto ambiental de El Cerrejón comenzó en 1976, cuando el gobierno colombiano y la multinacional ExxonMobil firmaron un contrato para explorar y explotar carbón en La Guajira, una zona desértica con comunidades indígenas ancestrales como el pueblo Wayuu. En 1983, inició oficialmente la explotación del yacimiento mediante minería a cielo abierto, una técnica que implica la remoción de grandes volúmenes de suelo, deforestación, contaminación del aire, el agua Y ecosistemas únicos.
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Están involucradas las empresas Exxon (hasta 2002) y Glencore (actual operadora), el Estado colombiano, la Corte Constitucional, la CIDH, organizaciones ambientales y comunidades Wayuu, afrodescendientes y campesinas. Mientras las empresas y el gobierno priorizan la economía, las comunidades sufren las consecuencias. Organismos internacionales han intervenido exigiendo respeto a los derechos humanos y ambientales.
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Desde que inició su operación en 1983, El Cerrejón ha provocado contaminación del aire, ríos y suelo. La extracción masiva de carbón exige desviar arroyos, usar millones de litros de agua al día y destruir ecosistemas del bosque seco tropical. Las comunidades indígenas y campesinas fueron excluidas de decisiones clave. No se aplicaron consultas previas, y los efectos en salud, territorio y alimentación han sido devastadores, aumentando la pobreza y vulnerabilidad social.
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La minería ha contaminado ríos, suelos y aire; ha reducido la biodiversidad y afectado especies únicas del bosque seco tropical. Las explosiones, el polvo y el ruido han hecho inhabitable el territorio para muchas familias. Socialmente, se han registrado desplazamientos, enfermedades respiratorias, desnutrición infantil y pérdida de tradiciones Wayuu, afectando su salud física y cultural.
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El gobierno ha entregado licencias ambientales a El Cerrejón desde 2001, muchas sin consulta previa a las comunidades Wayuu. En 2017, la Corte Constitucional ordenó suspender el desvío del arroyo Bruno, pero la empresa continuó con apoyo institucional. En 2021, la CIDH exigió medidas para proteger a las comunidades por la falta de agua y salud. Sin embargo, el Estado ha fallado en vigilar, restaurar o compensar el daño. La minería sigue siendo prioridad sobre la justicia ambiental.
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El agua es el recurso más afectado. Desde junio de 2006, El Cerrejón ha desviado y secado arroyos como el Bruno y el Piritu, dejando a las comunidades sin agua limpia. Además, el aire se contamina por polvo de carbón y gases de maquinaria. El suelo ha perdido fertilidad. Todo esto ha dañado gravemente el ecosistema del bosque seco tropical, uno de los más amenazados de Colombia y el mundo.
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Hoy, en agosto de 2025, El Cerrejón continúa en operación con Glencore como única propietaria. No se ha logrado restaurar el arroyo Bruno ni compensar el daño ambiental acumulado. Las comunidades Wayuu siguen exigiendo acceso al agua, salud, y justicia. Las medidas legales están en papel, pero no se aplican. Mientras tanto, la mina sigue exportando carbón a gran escala. El conflicto sigue activo, sin una solución real que equilibre justicia ambiental y económica.