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Durante el periodo de la violencia en Colombia, con los constantes enfrentamientos entre partidos políticos y la expansión de las guerrillas. En la región de Urabá, ubicado en Antioquia, se formaron grupos de autodefensa llamados convivir con el objetivo de combatir a las guerrillas de izquierda. Estos grupos, con el apoyo de terratenientes y sectores económicos, se fueron expandiendo y consolidando, adquiriendo un poder militar y político significativo.
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El Decreto 3398 de 1965 permitió que el Ministerio de Defensa Nacional autorizara la propiedad particular de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas en protección de la nación. Luego en 1968 el decreto se vuelve ley, las juntas de autodefensa fueron serian autorizadas para prevenir la formación de grupos armados, para adelantar operaciones de control, registro y destrucción, y para que fueran dotadas con armas y municiones por el tiempo que dure la acción.
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Los hermanos Ochoa convocaron a la mayoría jefes de la mafia, entre ellos, Pablo Escobar, Carlos Ledher, con el objetivo de crear un proyecto que contrarrestara las acciones de los grupos guerrilleros por el aumento de secuestros, robos de ganado y cobros de vacunas por parte de las guerrillas a terratenientes, ganaderos y narcotraficantes a finales de los 70, siendo el secuestro de la hija de “Don Fabio”, el motivo de la reunión en la que se conformaría el primer grupo de autodefensas.
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Justicia y Paz, la jurisdicción especial para el caso del paramilitarismo en Colombia, investiga a Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, exjefe máximo del Bloque Mineros y a Ramón María Isaza, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, entre otros, por hechos que incluyen el asesinato de Galán. Se le suman las declaraciones de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, que ha dicho que fue el exjefe paramilitar Carlos Castaño quien dio la orden de matar al líder del Nuevo Liberalismo
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La creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) bajo el mando de los hermanos Castaño, Fidel y Carlos, mejoraron la organización del paramilitarismo a nivel nacional, las ACCU se convirtieron en el núcleo de lo que más tarde sería un movimiento paramilitar mucho más amplio. Esta organización marcó el inicio de una fase de expansión territorial y consolidación de poder.
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Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgieron como una federación que unificó a diversos grupos paramilitares regionales, incluyendo las ACCU. Esta unificación, liderada principalmente por Carlos Castaño, consolidó el poder militar y político del paramilitarismo en todo el país. Las AUC se convirtieron en el principal actor armado de derecha, responsable de una vasta cantidad de masacres, desplazamientos forzados y crímenes de lesa humanidad.
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100 paramilitares de las ACCU con presunta complicidad con la fuerza publica desde Urabá, deja una masacre estimada entre 49 y 70 personas, el evento demostró la capacidad operativa de los paramilitares para movilizarse a grandes distancias y actuar con impunidad. Fue un símbolo de la estrategia de terror para controlar territorios estratégicos para el narcotráfico y la confrontación armada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad.
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Cerca de 450 paramilitares del Bloque Norte de las AUC, bajo el mando de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” torturaron y acecinaron a más de 60 personas. Se produjeron múltiples actos de violencia sexual y se forzó el desplazamiento masivo de la población. La masacre mostró la brutalidad extrema de los paramilitares, quienes utilizaron el terror para eliminar cualquier posible apoyo a la guerrilla y controlar estratégicamente la región de los Montes de María.
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Con Álvaro Uribe en la presidencia, se propuso una política de "seguridad democrática" que buscaba someter a los grupos armados ilegales. Las AUC, debilitadas militarmente en algunas zonas y presionadas por la extradición de sus líderes, vieron en la negociación una oportunidad para reducir sus penas. Los diálogos se iniciaron en la vereda de Santa Fe de Ralito, en Córdoba. El gobierno suspendió las órdenes de captura contra los líderes paramilitares para facilitar las negociaciones.
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El acuerdo estableció el cese de hostilidades y sentó las bases para el proceso de desmovilización de las AUC. Se negociaron aspectos como el desarme, la reinserción de los combatientes y el marco jurídico que regiría sus futuras penas. El acuerdo fue el paso fundamental para la desmovilización de los paramilitares, pero también generó una intensa controversia.