-
Comienzo de la represión
El gobierno uruguayo, presidido por Juan María Bordaberry, decretó el Estado de Guerra Interno tras una serie de atentados del grupo guerrillero Tupamaros (MLN-T).
Se legalizó el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna. A partir de entonces, miles de personas fueron arrestadas, y comenzaron las prácticas sistemáticas de tortura, allanamientos ilegales y detenciones sin juicio. -
Golpe de Estado en Uruguay
El presidente Bordaberry, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento, intervino el Poder Judicial y declaró ilegales a los partidos políticos. Se instauró formalmente la dictadura cívico-militar, que duraría hasta marzo de 1985.
Se consolidó una estructura de represión sistemática con centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, censura a la prensa, y persecución de opositores, sindicalistas, estudiantes y militantes de izquierda. -
Transición a la democracia
Tras la pérdida de apoyo popular, el desgaste militar y negociaciones políticas (como el Pacto del Club Naval), se convocaron elecciones en 1984.
El candidato del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, asumió como presidente en marzo de 1985, marcando el retorno de la democracia.
Aunque regresó el sistema democrático, muchos crímenes de la dictadura quedaron impunes durante los primeros años de la transición. -
Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado
Aprobada por el Parlamento para proteger a los militares de ser juzgados por delitos cometidos durante la dictadura.
Su aprobación fue una concesión al poder militar, que aún tenía influencia en la vida política.
Fue altamente rechazada por organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos, y generó décadas de debate sobre la impunidad. -
Plebiscitos sobre la Ley de Caducidad
En ambas fechas se votó, por iniciativa popular, si se debía derogar la Ley de Caducidad.
En 1989, el 57% votó por mantenerla. En 2009, el 52% también votó por no anularla.
Esto reflejó la división social en torno al pasado reciente, la impunidad y el miedo a reabrir heridas del pasado. -
Día del Nunca Más
Cada año, en esta fecha se realiza una marcha del silencio en Montevideo y otras ciudades, en homenaje a los detenidos-desaparecidos durante la dictadura.
La fecha recuerda el asesinato en Buenos Aires, en 1976, de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, exiliados políticos uruguayos. Es una de las fechas más emblemáticas de la memoria colectiva y la lucha por verdad y justicia en Uruguay. -
Caso de desaparición de María Claudia García de Gelman
María Claudia era una joven argentina secuestrada en Buenos Aires y trasladada a Uruguay embarazada, en el marco del Plan Cóndor.
Dio a luz en cautiverio en Montevideo y luego fue desaparecida. Su hija, Macarena Gelman, fue apropiada por una familia vinculada al régimen y criada como hija propia.
En 2000, Macarena recuperó su identidad y en 2005 el caso fue impulsado por su abuelo, el poeta argentino Juan Gelman, y por organizaciones de derechos humanos. -
Controversia sobre indultos y amnistías
Tras el segundo plebiscito (2009), surgió una gran controversia sobre si debía respetarse la decisión popular o buscar formas jurídicas para anular la Ley de Caducidad.
El gobierno del Frente Amplio intentó aprobar leyes interpretativas para permitir los juicios, lo que fue resistido por sectores conservadores.
Se reabrió el debate sobre la impunidad y se profundizó la polarización política en torno a la memoria histórica. -
Derechos humanos: juicios, memoria y reparación
El Estado uruguayo ha avanzado en políticas de justicia transicional: excavaciones para buscar restos de desaparecidos, juicios por delitos de lesa humanidad, programas de reparación a víctimas y educación en derechos humanos.
Se ha consolidado un compromiso estatal, aunque con retrocesos puntuales, para preservar la memoria, garantizar el nunca más y respetar el marco internacional de derechos humanos. -
Anulación de la Ley de Caducidad (vía judicial y legal)
El Parlamento aprobó una ley interpretativa que dejaba sin efecto artículos clave de la Ley de Caducidad, permitiendo reabrir causas penales.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo en el caso Gelman (marzo de 2011), exigiendo la investigación y juzgamiento de los responsables.
A partir de entonces, comenzaron a procesarse a militares y exjerarcas del régimen, incluyendo a Juan María Bordaberry y otros represores.