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El gobierno colombiano expide el Decreto 3398, posteriormente convertido en la Ley 48 de 1968, que permitió armar civiles para colaborar con las Fuerzas Militares. Esto dio el marco legal inicial para la conformación de grupos de autodefensa que más adelante se consolidaron como paramilitares.
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Se conforma el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS), financiado por los hermanos Ochoa y otros narcotraficantes del Cartel de Medellín, como respuesta al secuestro de Marta Nieves Ochoa. El MAS se convierte en el primer gran referente de la unión entre narcos y paramilitares. -
El presidente Virgilio Barco expide un decreto que declara ilegales a las autodefensas y grupos paramilitares. Sin embargo, estos no desaparecen; continúan operando clandestinamente y con más poder en varias regiones del país. -
Carlos Castaño organiza las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que más tarde servirían como núcleo de las AUC. Este grupo paramilitar dominó gran parte de Urabá y Córdoba, financiado por el narcotráfico y hacendados. -
Se crean oficialmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una federación de bloques paramilitares que se expandió por todo el país, con el argumento de combatir a la guerrilla, aunque su accionar incluyó masacres, desplazamientos y narcotráfico. -
Paramilitares de las AUC asesinan y desaparecen a decenas de personas en Mapiripán, Meta, con la complicidad de algunos miembros del Ejército. Este hecho es uno de los más recordados en la historia del paramilitarismo. -
Un grupo de paramilitares asesina a 11 personas y desaparece a otras 25 en Barrancabermeja, acusándolas de ser colaboradoras de la guerrilla. El hecho mostró la expansión paramilitar en zonas urbanas y petroleras. -
Se activa el Plan Colombia, un programa financiado principalmente por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la insurgencia. Aunque su objetivo era fortalecer al Estado, en la práctica también favoreció a estructuras paramilitares en varias regiones. -
Álvaro Uribe Vélez asume la presidencia con su política de Seguridad Democrática, la cual endureció la ofensiva contra la guerrilla. Ese mismo año comenzaron los primeros contactos formales entre el gobierno y las AUC para buscar su desmovilización. -
El gobierno colombiano y los líderes de las AUC firman un acuerdo en Santa Fe de Ralito, Córdoba, para iniciar el proceso de desmovilización progresiva de los bloques paramilitares. -
En Turbo, Antioquia, se lleva a cabo una entrega simbólica de armas por parte de paramilitares de las AUC, en el marco de los acuerdos con el gobierno. Fue uno de los primeros gestos visibles de desmovilización. -
El Congreso aprueba la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que regula la desmovilización de las AUC, estableciendo beneficios judiciales a cambio de verdad, reparación y no repetición. -
Finaliza oficialmente el proceso de desmovilización de las AUC, con más de 30.000 hombres entregando armas. Sin embargo, muchos de ellos regresaron a la ilegalidad o se integraron a nuevas estructuras criminales. -
La Corte Suprema de Justicia vincula y procesa a decenas de congresistas y políticos por nexos con los paramilitares. Más de 60 terminaron condenados, revelando la profunda infiltración del paramilitarismo en la política colombiana.
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Surgen las llamadas Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), como Los Rastrojos y Los Urabeños, conformadas en gran parte por exparamilitares que continuaron delinquiendo tras la desmovilización, manteniendo vivo el legado paramilitar en el país.