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Durante esta década, surgen en Colombia los primeros grupos armados de autodefensa, principalmente motivados por la guerra entre guerrilleros de la FARC y el Ejército Nacional. Estos grupos se formaron en regiones rurales, especialmente en zonas como el Magdalena Medio y los Llanos Orientales, donde los terratenientes crearon milicias para protegerse de las guerrillas.
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El MAS fue uno de los primeros grupos paramilitares con un enfoque explícito en la lucha contra el secuestro, que en ese momento era una de las actividades más prominentes de las guerrillas. El MAS fue creado por narcotraficantes y terratenientes y operaba principalmente en la región del Caribe colombiano.
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Las AUC fueron oficialmente creadas en 1982, unificando a varios grupos paramilitares bajo un solo mando. Su objetivo era combatir a las guerrillas de izquierda, pero rápidamente comenzaron a cometer graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres y desplazamientos forzados de civiles.
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Durante los años 90, las AUC se consolidaron como una de las fuerzas más poderosas en Colombia, con la capacidad de operar en prácticamente todas las regiones del país. Esto incluyó el control de territorios estratégicos para el narcotráfico, como los de los Llanos y el Urabá antioqueño.
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La masacre de Mapiripán es uno de los episodios más notorios del conflicto armado en Colombia. Los paramilitares, con el apoyo de algunas facciones del ejército, secuestraron, torturaron y asesinaron a 49 personas en Mapiripán (Meta). Este evento es un ejemplo de la brutalidad de las AUC y su capacidad de operar con total impunidad en algunas regiones del país.
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Un grupo de paramilitares asesinó a 15 personas en La Rochela, Norte de Santander, un crimen que se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la violencia paramilitar en Colombia. Entre las víctimas se encontraba un grupo de campesinos, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
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En este año, las AUC estaban plenamente consolidadas, controlando territorios importantes para el narcotráfico y ejecutando masacres sistemáticas en todo el país. A pesar de la gran presencia militar en algunas zonas, el gobierno no pudo frenar el poder de estos grupos.
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La elección de Álvaro Uribe como presidente marcó un cambio en la política de seguridad en Colombia. Uribe implementó la Seguridad Democrática, que inicialmente se enfocó en atacar tanto a guerrillas como a grupos paramilitares. Sin embargo, a lo largo de su mandato, surgieron acusaciones de que algunos de sus aliados y colaboradores estaban vinculados con grupos paramilitares.
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El gobierno de Álvaro Uribe aprobó la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de miles de combatientes paramilitares. A cambio de entregar sus armas, los desmovilizados recibirían penas de prisión reducidas si colaboraban con la justicia. Esta ley fue muy controvertida, pues muchos acusaron que permitió a los paramilitares seguir operando en algunas regiones del país.
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A pesar de la desmovilización de las AUC, grupos paramilitares como Los Urabeños y Los Rastrojos comenzaron a reorganizarse y a tomar el control de rutas de narcotráfico y actividades ilegales en el país, especialmente en la región del Caribe y en el Urabá antioqueño.
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En el proceso de desmovilización, se alcanzó un acuerdo formal con las AUC para que sus miembros entregaran las armas. Sin embargo, muchos de los desmovilizados continuaron operando en grupos disidentes, como Los Urabeños y Los Rastrojos, que siguen involucrados en el narcotráfico y en la violencia en diversas regiones del país.
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El escándalo de los falsos positivos reveló que miembros del ejército colombiano presentaron a civiles asesinados como guerrilleros para inflar las cifras de bajas en la guerra contra las guerrillas. Aunque el escándalo involucraba principalmente a militares, también se dio la relación entre el ejército y los paramilitares en varias de estas operaciones.
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En la vereda San José de Apartadó (Antioquia), paramilitares asesinaron a cinco miembros de una familia y a otras seis personas, incluyendo líderes campesinos. Este evento fue un ejemplo claro de las constantes violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares, incluso después de la desmovilización formal de las AUC.
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Aunque el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC se firmó en 2016, muchos de los antiguos combatientes de las FARC se desmovilizaron y continuaron la lucha armada, mientras que los paramilitares continuaron con sus actividades, luchando por el control de los territorios dejados por las FARC.
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Los grupos paramilitares continúan teniendo una fuerte presencia en las regiones rurales y urbanas de Colombia, especialmente en zonas de narcotráfico. A lo largo de los años, se han documentado casos de infiltración de estos grupos en la política local y en sectores económicos, con la denuncia constante de corrupción vinculada a estos actores ilegales.