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Durante la reforma al artículo 6° de la Constitución, se reconoció por primera vez el derecho de toda persona a ser informada sobre los asuntos públicos. Este hecho marcó el punto de partida para una política más abierta y participativa en el país.
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Con la promulgación de esta ley se consolidó el Derecho de Acceso a la Información (DAI) en el ámbito federal y se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), responsable de garantizar el cumplimiento de la nueva normatividad. Esta ley colocó la transparencia como un principio fundamental en la gestión pública.
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El artículo 6° se modificó nuevamente para elevar el DAI a rango de derecho fundamental, obligando a todas las autoridades —federales, estatales y municipales— a transparentar su información. Se estableció el principio de máxima publicidad y se fijaron sanciones por incumplimiento.
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A lo largo de esta década, se crearon institutos estatales de transparencia y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), que promovió la colaboración entre las entidades federativas. Este proceso ayudó a fortalecer una cultura nacional de apertura y rendición de cuentas.
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Las reformas al artículo 6° ampliaron los sujetos obligados (incluyendo partidos políticos, fideicomisos y sindicatos) y dotaron de autonomía constitucional al IFAI, que se convirtió en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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El 4 de mayo de 2015 se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Esta ley homogeneizó las normas estatales, fortaleció la transparencia activa y dio origen al Sistema Nacional de Transparencia, integrado por el INAI, los organismos locales, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI.