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Con la creación del Banco de la República, se estableció un sistema bancario moderno, firmemente anclado en los principios del patrón oro.
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Las instituciones económicas habían sido transformadas a raíz de las reformas de la Misión Kemmerer, que introdujo al país una organización bancaria y fiscal moderna.
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Las cotizaciones del grano habían alcanzado su monto más alto, pero habían permanecido en niveles relativamente altos en los siguientes dos años.
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El colapso del café y de otras materias primas fue pronunciado, generando una baja del 23% en los términos de intercambio de Colombia entre 1925-1929 y 1930-1934.
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El país había acudido al mercado de capitales para financiar una expansión de las obras públicas mediante emisión de bonos que se vendían en la bolsa de valores de Nueva York.
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Desde el comienzo de la crisis hubo una presión muy fuerte para proteger la agricultura, lo que se tradujo en la derogatoria de la Ley de Emergencia de 1927, aprobada por el Congreso en enero de 1931.
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Los gastos de gobierno nacional, excluyendo los pagos de la deuda, disminuyeron entre 60% y 70% entre 1928 y 1932.
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La dramática caída de las reservas internacionales que se produjo a partir de 1929 dio lugar así a una severa contracción monetaria y fiscal.
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El colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York y la política de ajuste que adoptó el gobierno brasileño dejaron al estado de Sao Paulo sin recursos financieros para mantener la intervención.
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El producto interno bruto (PIB) creció apenas a una tasa del 3,3% anual, el ritmo más bajo para un período similar desde que se tienen registros de Cuentas Nacionales.
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El resultado de la contracción monetaria y fiscal fue una recesión severa con caídas del producto interno bruto tanto en 1930 como en 1931.
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Emprendió una campaña entre los círculos financieros norteamericanos para conseguir préstamos de corto plazo apoyándose en su apertura a las inversiones petroleras norteamericanas.
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La suspensión de la convertibilidad de la libra esterlina el 4 de septiembre de 1931 generó un pánico financiero que obligó al gobierno a alterar radicalmente su política.
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En 1931 y 1932 se crearon tres entidades: La caja Agraria, el Banco Central Hipotecario y la Corporación Colombiana de Crédito.
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El Gobierno adoptó nuevas disposiciones proteccionistas a fines de 1931 que reforzaban el arancel de mayo de dicho año, pero trató de defender la tasa de cambio, considerándola una señal de "estabilidad monetaria"
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Se decidió que los pagos de la deuda externa de los departamentos, municipios y bancos debían ser autorizados por la Oficina de Control de Cambios.
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El Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con la mayoría de los tenedores de la deuda externa colombiana, por medio del cual se suspendían temporalmente las amortizaciones de todas las deudas.
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La ley 83 de 1931 reconoció por primera vez en Colombia el derecho de sindicalización.
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Los departamentos y municipios decidieron en marzo y abril de 1932 suspender las consignaciones en el Banco de la República.
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A mediados de 1933 se recortaron por decreto todas las deudas hipotecarias en un 40%.
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El precio del Café Manizales en Nueva York había llegado a 10,5 centavos de dólar por libra.
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Los intereses de la deuda nacional se pagaron puntualmente hasta principios de 1933, cuando la guerra con Perú llevó a suspenderlos en su totalidad.
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La moratoria sobre la deuda externa posibilitó una recuperación de las importaciones reales y facilitó el proceso de reactivación de la economía.
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La reactivación fiscal se mantuvo hasta 1934 como reflejo de la guerra con el Perú, que forzó al Gobierno a aumentar los gastos militares.
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La conjunción de la reactivación cafetera con la devaluación disparó en 1934 la inflación hasta niveles cercanos al 40%.
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En 1935 Colombia firmó un tratado comercial con Estados Unidos para evitar que este país estableciera impuestos a las importaciones de café.
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El temor a volver a las épocas de la inflación acelerada hizo que el país retornara a un manejo conservador de la moneda y de las finanzas públicas en 1935, aunque mantuvo los mecanismos de intervención creados durante los años de la crisis.
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La reforma tributaria de 1935 era un elemento de una ambiciosa reforma social emprendida por el gobierno de López Pumarejo, que incluía la reforma agraria y el fortalecimiento del sindicalismo. Mediante la reforma se buscaba una estructura de ingresos públicos más equitativa.
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La ley 78 de 1935 introdujo dos reformas básicas: Aumentó la progresividad del tributo y creó los impuestos complementarios de patrimonio y exceso de utilidades.
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En 1935 se interrumpió por entero el servicio de la deuda de largo plazo, aunque se continuó pagando la de corto plazo y los vales emitidos durante los dos años anteriores.
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Reunido a fines de 1935, López logró imponer un cambio en la composición del Comité Nacional de Cafeteros, que le daba al Gobierno una representación paritaria, y al presidente de la República, la capacidad de dirimir los conflictos que surgieran entre los representantes privados y del Gobierno.
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Más tarde esta sería la Confederación de Trabajadores de Colombia
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Las importaciones reales subieron 59% en relación con la primera mitad de la década de los treinta, aunque permanecieron por debajo de los años de bonanza de la década de los veinte.
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Las cantidades exportadas de café se incrementaron así en un 62% entre 1925-1929 y 1935-1939.
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Entre junio de 1935 y el mismo mes de 1939, hubo en el país 218 conflictos laborales, de los cuales solo 44 terminaron sin intervención del gobierno; además, este solo decretó la ilegalidad de cinco huelgas.
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La norma constitucional aprobada en 1936 permitió al Estado exigir la presentación de libros de contabilidad y otros documentos privados con fines impositivos.
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En 1936 y 1937 se presentó una nueva recuperación gracias al pacto colombo-brasileño suscrito a fines de 1936, que establecía que ambos países intervendrían para mantener unos precios mínimos de café.
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La reforma agraria se materializó finalmente en la Ley 200 de 1936.
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Las reducciones del precio internacional de café a fines de 1937 y comienzos de 1938 y otra vez entre 1939-1940 generaron nuevas formas de intervención en el comercio exterior del país.
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Con la ruptura del pacto en 1937 se desencadenó una nueva crisis.
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En 1939 fue creado el Instituto de Crédito Territorial (ICT) para promover la vivienda campesina y en 1942 se le agregó una sección de vivienda popular urbana.
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En el frente agropecuario fue creado el Fondo Nacional de Ganadería en 1939, fusionándolo al año siguiente con la Caja Agraria y estableciendo en esta última entidad una sección de crédito agrícola de largo plazo.
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Si se mide tomando como punto de referencia los sindicatos agrarios reconocidos, Cundinamarca y Tolima concentraron 75 de las 153 agremiaciones campesinas que habían obtenido personería jurídica hasta 1939.
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La corta recuperación de 1939 fue seguida de la peor crisis cafetera de la época generada por la virtual desaparición de la demanda europea a raíz de la ruptura de la hostilidades en el viejo continente.
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En agosto de 1940, las cotizaciones del café habían llegado a uno de los peores niveles de la historia (7,5 centavos de dólar por libra).
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La magnitud de la crisis cafetera llevó a Estados Unidos a propiciar el Acuerdo Interamericano de Café, que se firmó en noviembre de 1940.
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Se impusieron recargos cambiarios diferenciales que llegaban hasta 20 centavos de peso por dólar y que apoyaban las medidas de control.
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En el frente externo, la crisis condujo en noviembre de 1940 a la firma del primer pacto de cuotas de la historia cafetera, el Acuerdo Interamericano de Café.
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En noviembre de 1940 se creó el Fondo Nacional del Café, al que se otorgaron tres tipos de recursos: Una emisión de bonos por $10 millones, un impuesto a todos los giros emitidos por el Banco de la República y de 5 centavos por dólar; y un impuesto propiamente cafetero.
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A pesar de los mayores ingresos generados por las exportaciones, las importaciones reales se redujeron en 16% entre 1935-1939 y 1940-1944.
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Las sucesivas ampliaciones de las cuotas finalmente estabilizaron los precios en junio de 1941.
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La campaña submarina alemana en la costa Atlántica de Estados Unidos y en el Caribe generó graves problemas en el transporte marítimo desde principios de 1942, que afectaron especialmente las exportaciones brasileñas.
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Los años 1942 y 1943 fueron particularmente críticos y obligaron al Gobierno colombiano a racionar algunos bienes importados, en especial hierro y llantas.
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Las reservas internacionales del país se quintuplicaron y los medios de pago nacionales se elevaron a ritmos anuales superiores al 30%.
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A comienzos de 1943 se aprobó un plan económico más amplio, dirigido a controlar la entrada de divisas, la expansión de los medios de pago y la inflación.
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Las ampliaciones de la cuota norteamericana permitieron a Colombia empezar a reducir sus inventarios desde 1943. Aunque el impuesto a las exportaciones de café se redujo en junio y noviembre de 1943 y se eliminó en febrero del año siguiente.
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A partir de 1944 mejoró el abastecimiento de insumos importados, comenzó la reactivación de la economía y se desaceleró la acumulación de reserva.
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La Ley 35 de 1944 consolidó el recargo del 35% para el impuesto de renta, elevando en forma permanente las tarifas básicas.
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Solamente en 1944 el Decreto 2350, promulgado en uso de las facultades de estado de sitio y recogido con algunas modificaciones por la Ley 6 de 1945, otorgó a las organizaciones obreras amplia protección legal.
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El movimiento obrero unido desempeñó un papel político esencial durante el segundo gobierno de López, especialmente después del fallido golpe de Estado del 10 de julio de 1944.
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La dificultad para importar se reflejó en una acumulación de reservas internacionales durante estos años. Las reservas del banco de la República pasaron de US$22,5 millones en 1941 a US$176,8 millones en 1945.