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Siglo XVIII. Se intenta reorganizar el gobierno de la Nueva España en provincias administrativas, consolidando un modelo centralista que sirve como antecedente de la futura estructura administrativa.
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Se crean cuatro ministerios: Relaciones Exteriores e Interiores; Justicia y Negocios Eclesiásticos; Hacienda; Guerra y Marina, que constituyen la base de la administración pública nacional.
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La Constitución de 1824 establece a México como república federal e introduce el modelo de secretarios responsables de "los negocios del gobierno", iniciando formalmente la organización administrativa del Ejecutivo.
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La Constitución de 1857 reafirma el modelo federal y fortalece la facultad del presidente para nombrar y remover secretarios, lo que incide directamente en la integración de la administración pública.
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Venustiano Carranza expide la Ley de Secretarías de Estado y la nueva Constitución de 1917, que consolidan la estructura de secretarías y departamentos administrativos como soporte del Ejecutivo Federal.
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Se expide una nueva ley que reorganiza las secretarías y departamentos de Estado, y fija la facultad del Ejecutivo para definirlas, adaptando la administración a las necesidades políticas y económicas del país.
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Se impulsa el Sistema Nacional de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y nuevas leyes como la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la de Deuda Pública, dando a la APF una orientación programática y de planeación.
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Reforma a la LOAPF que incorpora la Consejería Jurídica como apoyo técnico-jurídico del presidente en materia normativa y de tratados internacionales.
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Se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reforzando los mecanismos de control, prevención y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción en toda la administración pública.